Actualmente cuenta con un total de 21 radios en la banda de AM, que operan en 15 estados de la República

Aleida Calleja | Opinión  La emisora La Voz de la Montaña nació en 1979 en Tlapa, Guerrero, como parte de la política indigenista del gobierno para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas del estado ejecutada por el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) que después del año 2000 se convirtió en la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI).

La INI como se le conocía en las comunidades, al ver la respuesta activa de la población a este tipo de estaciones y como parte del programa de tranferencia de medios audiovisuales creó el Sistema Nacional de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Actualmente cuenta con un total de 21 radios en la banda de AM, que operan en 15 estados de la República, cubriendo a 21 millones de personas de 954 municipios y a más de 5 millones y medio de hablantes en lenguas o idiomas indígenas.

A lo largo de las últimas décadas del siglo pasado el proyecto de estas emisoras paso por varias etapas, inicialmente tenían una visión desarrollista de la radiodifusión con perspectivas de  capacitación en temas agropecuarios y fines educativos; hacia los 80 cambio sus objetivos para utilizar la radio como medio para rescatar, conservar y difundir las manifestaciones culturales indígenas, hacia los 90 además agregó un importante componente de participación de las audiencias y de las organizaciones productivas, culturales y sociales.

Los mecanismos de participación incluían la formación en cada emisora de consejos consultivos, centros de producción radiofónica para las comunidades más alejadas y corresponsales comunitarios, conformandose en el modelo público comunicacional más participativo y de perfil comunitario hasta entonces en nuestro país, pues la radiodifusión comunitaria no estaba reconocida legalmente y a pesar de los múltiples esfuerzos de diversos grupos ciudadanos por operar su propio medio de comunicación, la respuesta del Estado siempre fue la cerrazón, salvo dos emisoras que obtuvieron autorización en los 70, Radio Huayacocotla que operaba en onda corta y Radio Teocelo ambas en  Veracruz, no había más experiencias de comunicación participativa.

Por eso es que durante los 80 y 90 el casi único referente cercano al concepto de de la radio comunitaria en México fueron estas radios indigenistas, que incluso en algún momento tuvieron la representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sin embargo su estructura y propiedad es la de medios de públicos que responden en general a la política indigenista estatal.

La historia de la radio indigenista resulta interesante por ser la que más se ha acercado a la noción y práctica de lo que deben de ser los medios de servicio público, no siempre ha contado con el entusiasmo de las autoridades lo que las ha enfrentado a políticas irregulares y se han adaptado a los vaivenes que marcan las distintas autoridades que las encabezan que mantienen las decisiones centrales o a través de los gobiernos estatales.

Pese a ello, han sido una escuela permanente de comunicadores, productores, locutores y operadores indígenas que han logrado apropiarse del sentido comunitario del medio, entender el enorme potencial de una radio pública cercana a las necesidades de las comunidades y conservar uno de los mayores acervos musicales y culturales de los pueblos indígenas, que es parte ya de nuestro patrimonio nacional.

¿Desmantelamiento del modelo?

Desde hace algunos años este sistema de radios indigenistas han sido relegadas de la política estatal y la CDI se ha encargado de irlas convirtiendo en vocerías del gobierno en turno al manejar su operación la oficina de comunicación social de la dependencia, deformando su carácter de servicio público para los pueblos indígenas.

Esta lógica contradice la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues si son parte de la oficina de comunicación social ¿cómo garantizarán su independencia editorial, de gestión financiera, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana? ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones les dará su concesión de uso público a pesar de este esquema?

Todavía más preocupante es que principios de este año diversas versiones periodísticas nos hablan de masivos despidos de comunicadores indígenas en estas radios de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, así como recortes en su presupuesto con lo cual puede observarse una política de desmantelamiento por parte del gobierno del único sistema público que transmite en 31 lenguas indígenas en comunidades de alta marginalidad con un número importante de población monolingüe y que es la entidad que contiene un riquísimo acervo cultural y musical que es único en el mundo.

Por ser un sistema público, que se financia con recursos públicos por lo tanto con nuestro dinero, la CDI debe explicar ante las comunidades indígenas y ante la sociedad esta política que tiene una afectación en la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos culturales de las audiencias a las que dan servicio.

En el reconocimiento de la deuda histórica que tiene este país para con los pueblos indígenas que aún sufren exclusión estructural, las políticas públicas para el ejercicio de sus derechos informativos deben de fortalecerse para el ejercicio de otros derechos. Hemos avanzado en el reconocimiento para que puedan operar sus propios medios de comunicación, pero eso no implica desentenderse del sistema público de radiodifusión que es una responsabilidad del Estado frente a estos pueblos.

@callejag

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La crisis de la radio indigenista

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